La tutela judicial efectiva en materia de propiedad industrial requiere no solo la adopción de resoluciones que prohíban y ordenen cesar en comportamientos infractores, sino también la existencia de mecanismos eficaces que garanticen su cumplimiento. En este contexto, la multa coercitiva se erige como un instrumento esencial para asegurar que la orden judicial no quede en el plano teórico, sino que sea real y operativa.
Un reciente Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en su calidad de Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea, en el marco de una disputa por infracción de diseños de la Unión Europea, constituye un ejemplo paradigmático de la función disuasoria y garantista de este mecanismo.
El procedimiento se inicia tras la concesión de medidas cautelares inaudita parte solicitadas por una importante empresa española de calzado frente a un competidor, también español, ordenándose el cese inmediato en la fabricación, distribución y comercialización de una serie de modelos infractores, así como la retirada de productos y catálogos asociados.
Pese a la eficacia ejecutiva de las medidas, la parte actora acreditó su incumplimiento, lo que motivó la apertura de la pieza separada de multa coercitiva.
El tribunal, apoyándose en el art. 55.6 LPJDI, subraya que la finalidad de esta compensación es asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. Además, se recuerda que la Directiva 2004/48/CE respalda la imposición de multas diarias para frenar infracciones continuadas de derechos de propiedad intelectual.
La resolución fija la multa coercitiva en 4.724 euros diarios, tomando como referencias el beneficio bruto diario estimable en el sector, el criterio del Infractor Más Eficiente (IME) y la necesidad de aplicar un multiplicador suficientemente elevado para impedir que la infracción resulte rentable.
Resoluciones judiciales como esta ponen el foco en cinco puntos clave en los procedimientos contra infractores de derechos de propiedad industrial:
Con todas estas premisas, el Auto fija que la multa coercitiva fijada debe abarcar desde la fecha en que debieron las medidas fijadas en el Auto de medidas cautelares, hasta la fecha en que el infractor ha acreditado, ahora sí, su cumplimiento: se trata en este caso de un plazo de 105 días, por lo que el importe total de la multa coercitiva asciende a 496.020,00 euros.
Adicionalmente, el Auto advierte que la ocultación de bienes para eludir el pago puede constituir delito (art. 257 CP), con penas de prisión de 1 a 4 años, reforzando así la fuerza coercitiva de la resolución.
Si bien este Auto no es firme, dado que es recurrible en apelación, la conclusión que se alcanza en cualquier caso es que el papel de los Juzgados y Tribunales deviene fundamental para proteger a las empresas innovadoras frente a aquellos competidores que infringen sus derechos de propiedad industrial para obtener una ventaja competitiva predatoria, y ello se consigue a través de resoluciones judiciales como la presente, que se dictan teniendo en cuenta la realidad del mercado y los principios que deben tenerse en cuenta para proteger a los titulares de los derechos.
